SE DECLARAN INCONSTITUCIONALES VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE EXTRANJERÍA

Canal Solidario (16/11/2007)

El Tribunal Constitucional ha declarado
inconstitucionales varios artículos de la Ley de Extranjería que
prohibían a los inmigrantes irregulares reunirse, asociarse,
manifestarse y acceder a justicia gratuita. ONG aplauden la decisión.

Reunirse, asociarse, sindicarse y acceder a justicia gratuita y a la
enseñanza no obligatoria. Son derechos que hasta hace unos días podían
ejercer todas las personas que viven en el Estado español excepto los y
las inmigrantes en situación irregular. La Ley de Extranjería aprobada
en el año 2000 por el Gobierno del Partido Popular limitaba estos
derechos fundamentales a los extranjeros sin regularizar.

En su momento, organizaciones de derechos humanos en España se
dirigieron al Defensor del Pueblo y a instituciones políticas para
expresar su repulsa a esta normativa. Ahora, el Tribunal Constitucional
ha dado la razón a estos recursos y ha declarado inconstitucionales
varios artículos que establecían restricciones a los derechos de
reunión, asociación y sindicación. Parte de estos artículos también
impedían a las personas inmigradas sin regularizar tener asistencia
jurídica gratuita y negaban a los menores inmigrantes sin regularizar y
de entre 16 y 18 años gozar del derecho a la enseñanza no obligatoria.

“El fallo supone un avance indiscutible en el reconocimiento de
derechos a las personas indocumentadas y, por tanto, un logro en la
equiparación con el resto de los ciudadanos, lo que significa un
decidido paso hacia la integración en España”, afirman desde la Red Acoge y Andalucía Acoge.

Según estas entidades, los artículos recogidos hasta ahora en la Ley
8/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su
Integración Social vulneraban otras normativas internacionales, como el
convenio europeo para la protección de los derechos humanos, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

El fallo del Tribunal Constitucional “contribuirá a que los inmigrantes
en situación irregular se sientan menos indefensos” y adquieran
derechos “de todo ciudadano” de manera independiente a su situación
administrativa, añade la asociación Rumiñahui.

Retos pendientes

Como explican desde la Red Acoge y Andalucía Acoge, la sentencia contra
la Ley de Extranjería significa un avance “indiscutible” para los
derechos de la población inmigrada aunque según Blanca Ruiz, de Red
Acoge, las personas en situación irregular “nunca llegarán a tener una
igualdad real en términos jurídicos” porque desde normativas como las
europeas los derechos se refieren “sólo” a los inmigrantes
regularizados.

Con este fallo de inconstitucionalidad, sin embargo, se avanza en
cuanto a derechos fundamentales, señala Blanca Ruiz, que explica que la
Ley de Extranjería es “garantista” en este sentido y recoge los
derechos aparecidos en el capítulo de derechos fundamentales de la
Constitución.

En este contexto, tanto desde Red Acoge como desde Andalucía Acoge
recuerdan que la reforma que debe hacerse de la ley debería tener en
cuenta “las propuestas y el trabajo serio de las organizaciones
sociales que trabajan en torno a la inmigración, al estilo del modelo
empleado para la elaboración de la Ley 4/2000”. “Dado que con
frecuencia las legislaciones españolas en materia de extranjería son
matizadas por los tribunales, los textos jurídicos deberían garantizar
el respeto a los derechos fundamentales contenidos en la Constitución o
la carta de derechos de Naciones Unidas”, añaden.

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